Ya lo dice el dicho, “el que juega con fuego, acaba quemándose”. Eso es lo que puede acabar pasándole a la democracia española con la Ley de Partidos, que corre el riesgo de convertirse en un arma de doble filo que acabe dañando su credibilidad. Esta ley fue aprobada el 27 de junio de 2002 con la intención de, “impedir que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra el régimen democrático de libertades, justificando el racismo y la xenofobia o apoyando políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas”. Es por tanto una ley que ostenta el poder de decidir que partidos políticos se pueden presentar a las elecciones y cuáles no. Esto puede estar justificado siempre y cuando se cumplan los dictados de apoyo a la violencia, el racismo o la xenofobia. El problema es que la aplicación de la ley queda abierta a las interpretaciones que hagan de ella una serie de magistrados, tremendamente presionados e instrumentalizados por el entorno político y social.
Anoche conocíamos la ilegalización de la coalición Bildu por el Tribunal Supremo con el apoyo de 9 de los 16 magistrados. Una decisión compleja y difícil que no puede tomarse a la ligera. Bildu es una coalición que en sus estatutos condena la violencia, ¿cuál es el problema entonces? Que presuntamente la banda terrorista ETA está detrás de esta iniciativa política. Pero al fin y al cabo no es eso lo que se le exige a ETA, que abandone las armas y apueste por la vía política. Porque cerrándoles el acceso a la participación democrática corremos el peligro de facilitarle una coartada a la banda terrorista, que le sirva para seguir justificando entre sus seguidores algo que solo encuentra justificación en sus retorcidas mentes, la violencia.
Es obvio que algo se está moviendo en el entorno de ETA y especialmente en su brazo político, Batasuna, que parece dispuesta a distanciarse de la banda terrorista y apostar definitivamente por la vía democrática. Si no se les da la oportunidad de concurrir a las elecciones, la izquierda abertzale queda como víctima de una Ley que puede llegar a ser considerada como antidemocrática, si su aplicación se vuelve arbitraria y caprichosa. También es incuestionable que son las fuerzas de seguridad y la fiscalía las que mejor conocen si ETA está dispuesta a dar un paso definitivo e irreversible en cuanto al abandono de las armas se refiere. No se merecen nuestra confianza y puede que vuelvan a engañarnos, pero quizá haya llegado el momento de arriesgar y concederles algo que ellos nunca nos concedieron, el beneficio de la duda. El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra.
Es obvio que algo se está moviendo en el entorno de ETA y especialmente en su brazo político, Batasuna, que parece dispuesta a distanciarse de la banda terrorista y apostar definitivamente por la vía democrática. Si no se les da la oportunidad de concurrir a las elecciones, la izquierda abertzale queda como víctima de una Ley que puede llegar a ser considerada como antidemocrática, si su aplicación se vuelve arbitraria y caprichosa. También es incuestionable que son las fuerzas de seguridad y la fiscalía las que mejor conocen si ETA está dispuesta a dar un paso definitivo e irreversible en cuanto al abandono de las armas se refiere. No se merecen nuestra confianza y puede que vuelvan a engañarnos, pero quizá haya llegado el momento de arriesgar y concederles algo que ellos nunca nos concedieron, el beneficio de la duda. El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra.
Por Roberto C. Rascón. @rcrascon
Estoy totalmente de acuerdo.
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